- El dictamen conserva la prohibición sobre recursos de Malvinas, pero acota las sanciones a proveedores y empresas vinculadas.
- Chubut deberá decidir si adhiere al régimen para que alcance a permisos pesqueros provinciales.
- La figura penal sobre desinformación sigue generando objeciones por su posible impacto sobre la libertad de expresión.
El dictamen de mayoría del 27 de octubre de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional mantiene la prohibición de explotar recursos naturales en Malvinas sin autorización argentina, pero reduce el alcance de las sanciones sobre proveedores, socios y empresas vinculadas. El texto todavía debe debatirse en el Congreso.
El proyecto del Ejecutivo, enviado en septiembre, proponía sancionar una red más amplia de vínculos económicos. Tras seis plenarios, el dictamen conserva multas equivalentes a entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo, suspensiones y cancelaciones de habilitaciones e inhabilitaciones de cinco a veinte años.
Las modificaciones a las sanciones
El régimen para proveedores pasa de abarcar diversas operaciones económicas, financieras, logísticas, técnicas y de consultoría a exigir que el bien o servicio sea indispensable para la actividad y que el proveedor conozca su destino. Se exceptúan ciertas participaciones de personas humanas de hasta el 2% del capital y fondos de gestión pasiva sin capacidad de designar autoridades.
Las consecuencias para empresas vinculadas se restringen a controladas y la prohibición de contratar con sancionados alcanza únicamente nuevos contratos. En cambio, la multa por contratar con sancionados se eleva de dos a cuatro veces el beneficio obtenido.
La pesca y Chubut
La pesca continúa comprendida en la prohibición administrativa de explotar recursos sin habilitación argentina, pero queda fuera del capítulo penal reservado a recursos no renovables. El dictamen preserva los permisos y beneficios de quienes participan en una actividad lícita junto a un socio sancionado.
Los permisos otorgados por las provincias quedarían alcanzados solamente si cada jurisdicción adhiere. Para Chubut, la decisión sobre la adhesión constituiría un debate legislativo propio.
El artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca permanece sin cambios: obliga a los titulares de cuotas a declarar que no mantienen relaciones jurídicas, económicas o de beneficio con quienes pescan sin autorización argentina.
Presiones y controversias
Durante el tratamiento surgieron denuncias sobre presuntas gestiones estadounidenses para reducir el alcance de las sanciones a empresas vinculadas y proveedores. El diputado Juan Marino cuestionó las modificaciones; el Gobierno negó que hubiera recibido pedidos para cambiar la ley. No hay en el documento analizado prueba concluyente de una intervención extranjera.
La figura penal sobre desinformación
El proyecto incorpora una figura penal relativa a campañas coordinadas de desinformación masiva por cuenta, orden o financiamiento de actores extranjeros, con penas de cinco a doce años de prisión y agravantes de ocho a quince años. FOPEA y ADEPA advirtieron sobre la ambigüedad de algunos términos y posibles efectos sobre la libertad de expresión.
Según las versiones del dictamen, se incorporaron excepciones expresas para el periodismo, la investigación académica, la diplomacia y la representación abierta de intereses. La redacción definitiva requiere cotejo con el documento oficial.
Qué sigue
El texto puede modificarse durante su tratamiento en Diputados y, posteriormente, en el Senado. Los principales puntos a observar son el alcance sobre redes empresariales, las garantías de la libertad de expresión y la adhesión de las provincias pesqueras.
Este análisis parte de comparaciones publicadas del proyecto y el dictamen. El documento de referencia advierte que no pudo cotejar el texto oficial completo del dictamen, por lo que sus cambios deben considerarse sujetos a esa verificación.
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