La Mesa Socioambiental “Eduardo Cabezas” convocó para este sábado 31 de octubre, a las 15, a una reunión abierta en el auditorio del Museo Nacional del Petróleo, en Kilómetro 3, para analizar el acuerdo entre Chubut e YPF y el avance de la demanda judicial que busca su nulidad.
El convenio firmado el 26 de junio de 2026 por el gobernador Ignacio Torres y representantes de YPF, ratificado por la Legislatura mediante la Ley XVII N.º 166, establece una compensación de USD 25 millones y la transferencia de vehículos e inmuebles. La controversia se centra en el alcance de la liberación de reclamos provinciales por pasivos ambientales.
Qué establece el acuerdo
El entendimiento comprende seis áreas transferidas a nuevos operadores: El Tordillo, La Tapera, Puesto Quiroga, Escalante-El Trébol, Campamento Central-Cañadón Perdido y Manantiales Behr. La Provincia reconoció determinadas transferencias de responsabilidades ambientales a las empresas cesionarias y aceptó liberar a YPF de reclamos relacionados con condiciones e instalaciones anteriores a las cesiones.
La compensación se estructuró en dos cuotas de USD 12,5 millones. La ratificación legislativa previó destinar recursos a obras e infraestructura en Comodoro Rivadavia. No está confirmado documentalmente que ambos desembolsos se hayan realizado.
Quién pagará la remediación
Los demandantes sostienen que no corresponde liberar a la petrolera sin una evaluación integral e independiente de los daños. La Provincia argumenta que los nuevos operadores asumieron obligaciones ambientales y que se efectuaron auditorías y planes de cierre. La validez y el alcance de esas obligaciones son materia de discusión judicial.
La demanda cuestiona además la inclusión de Restinga Alí en la liberación de responsabilidades, área para la cual los accionantes citan registros de 560 pozos.
La diferencia entre los USD 25 millones y los costos estimados
Los accionantes incorporaron cálculos de entre USD 240 millones y USD 740 millones solamente para el sellado definitivo de pozos abandonados en Comodoro Rivadavia. Son estimaciones de parte, no una pericia judicial definitiva, y no representan necesariamente la totalidad de los costos de saneamiento. La diferencia con el monto del acuerdo plantea interrogantes sobre los criterios técnicos utilizados para fijar la compensación.
La causa judicial
La acción de amparo ambiental colectivo fue impulsada por Jorge Spíndola y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas contra YPF, Chubut y el Estado Nacional. Solicita la nulidad del acuerdo, medidas cautelares, acceso a auditorías y determinación de responsabilidades, incluidas las anteriores a la privatización de YPF.
En septiembre, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia revocó una decisión que había apartado la causa del fuero federal. El expediente debe continuar ante el Juzgado Federal de Rawson. La Cámara no declaró la nulidad del convenio ni resolvió el fondo del litigio.
La reunión en Comodoro
La Mesa Socioambiental “Eduardo Cabezas” reúne a vecinos y participantes de distintos sectores de la ciudad. Entre los impulsores y participantes de actividades públicas relacionadas con la demanda figuran Jorge Spíndola, Eduardo Hualpa, Letizia Vázquez y Gustavo Romeo, además de abogados ambientalistas. No se ha difundido una nómina formal completa de integrantes.
El encuentro de este sábado busca informar sobre el expediente, reunir adhesiones y recopilar testimonios sobre posibles pasivos ambientales. La discusión de fondo es quién afrontará los costos de remediación y qué garantías tendrá Comodoro Rivadavia.
Las claves
• La Mesa Socioambiental convocó a una reunión este sábado 31 de octubre a las 15 en el Museo Nacional del Petróleo.
• El convenio de USD 25 millones entre Chubut e YPF es cuestionado por el alcance de la liberación de reclamos ambientales.
• La Justicia Federal aún debe resolver la validez del acuerdo y las responsabilidades de remediación.
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